Resulta extraño, parece una pesadilla tener que hablar de Democracia en la España de 2011, después de todo lo pasado en nuestra historia reciente, tras dejar atrás una dictadura y después de una transición y de un intento frustrado de Golpe de Estado. Pero a veces, los sueños son más tozudos que la aparente realidad, a veces las pesadillas nos acechan detrás de cualquier esquina. Digo esto porque, en estos últimos días se está hablando mucho de un tema esencial en nuestra joven democracia cual es las distintas formas que tienen los partidos políticos a la hora de elegir sus candidatos, se habla con frecuencia del “dedazo” y también, de la necesidad de impulsar procedimientos que supongan avances en la democracia interna de los partidos pues, si vivimos en un sistema político basado en la democracia de partidos, resulta obvio que debe de existir una profunda democracia en dichos partidos.
Ciertamente, existen diversas formar de designar a los candidatos en los procesos electorales, como lo es que no hay normativa que lo marque de forma definida, pero en cualquier caso un Estado Democrático se tiene que basar en Partidos Políticos democráticos, y esta es, aun hoy, la carencia democrática de nuestro sistema. Debemos recordar en este sentido que el Artículo 6 de la Constitución de 1978 lo dice claro, sin posibles dudas: “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. A buen seguro, para los ponentes de la actual Constitución el profundo sentido democrático que impregna este artículo constitucional estaba concebido como el de elección y participación de los miembros de los partidos en la elección de los candidatos y en la toma de las decisiones importantes para cada formación política. Recientemente, el propio Presidente Zapatero, se hacía eco de ese espíritu que emana del artículo 6 de nuestra Constitución al señalar, refiriéndose al caso del PSOE que, “en este partido queremos a quien elegimos”… “lo que más gusta a la ciudadanía es la fuerza de la democracia”. Y es que cualquier ciudadano entiende que para elegir hay que votar y que el que gana, gana y el que pierde, por lo menos no gana. Es de buena cultura, tradición y buen consejo que el ganador propicie acuerdos con el perdedor y que el perdedor se ponga a colaborar con el ganador, todo ello con un espíritu mutuo de integración solidaria y leal, un espíritu que siempre resulta beneficioso para la democracia interna del partido y para el desarrollo de las ideas políticas que éste impulsa.
Pero en estos más de 30 años de democracia aun no hemos tenido ningún presidente del Gobierno de España que haya sido elegido por sus bases, todos hasta ahora han sido elegidos por sus órganos más o menos representativos. En este sentido, el Partido Popular es un lince en el uso del dedazo designando a sus candidatos que han de contar con la “confianza” del jefe, que determina de una forma absoluta quien, cuando y como puede o no trabajar en su formación política.
Ciertamente, existen diversas formar de designar a los candidatos en los procesos electorales, como lo es que no hay normativa que lo marque de forma definida, pero en cualquier caso un Estado Democrático se tiene que basar en Partidos Políticos democráticos, y esta es, aun hoy, la carencia democrática de nuestro sistema. Debemos recordar en este sentido que el Artículo 6 de la Constitución de 1978 lo dice claro, sin posibles dudas: “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. A buen seguro, para los ponentes de la actual Constitución el profundo sentido democrático que impregna este artículo constitucional estaba concebido como el de elección y participación de los miembros de los partidos en la elección de los candidatos y en la toma de las decisiones importantes para cada formación política. Recientemente, el propio Presidente Zapatero, se hacía eco de ese espíritu que emana del artículo 6 de nuestra Constitución al señalar, refiriéndose al caso del PSOE que, “en este partido queremos a quien elegimos”… “lo que más gusta a la ciudadanía es la fuerza de la democracia”. Y es que cualquier ciudadano entiende que para elegir hay que votar y que el que gana, gana y el que pierde, por lo menos no gana. Es de buena cultura, tradición y buen consejo que el ganador propicie acuerdos con el perdedor y que el perdedor se ponga a colaborar con el ganador, todo ello con un espíritu mutuo de integración solidaria y leal, un espíritu que siempre resulta beneficioso para la democracia interna del partido y para el desarrollo de las ideas políticas que éste impulsa.
Pero en estos más de 30 años de democracia aun no hemos tenido ningún presidente del Gobierno de España que haya sido elegido por sus bases, todos hasta ahora han sido elegidos por sus órganos más o menos representativos. En este sentido, el Partido Popular es un lince en el uso del dedazo designando a sus candidatos que han de contar con la “confianza” del jefe, que determina de una forma absoluta quien, cuando y como puede o no trabajar en su formación política.
Por el contrario, las recientes primarias del PSOE en Madrid, o en Barcelona son buenas muestras de la voluntad de participar que tienen los militantes socialistas. Pero esa voluntad no está reglada convenientemente, los mecanismos en sí mismos a veces pueden ser totalmente antidemocráticos y siempre vistos como una forma de sujetar y limitar la expresión de los sufridos militantes de los partidos políticos. Y es que, con arreglo a los principios constitucionales, todavía resulta imprescindible seguir dando pasos, urgentes y necesarios, tendentes a que avancen las ideas que promueven la democracia interna en los partidos mediante medidas que refuercen la capacidad decisoria de las bases, de los militantes, y, en consecuencia, que reduzcan las interferencias, en ocasiones de difícil justificación, de los aparatos de los partidos políticos. En este sentido, se apuntan cada vez con mayor fuerza ideas tales como el impulso de primarias para todos los partidos y, consecuentemente, la reducción de los porcentajes de avales tanto para presentarse como candidato como para celebrar dichas primarias. Además la segunda vuelta debe dar consistencia a la votación mayoritaria evitando perversiones de pactos a posteriori, entre candidatos que no cuentan con el respaldo de las mayorías.
Otros aspectos que impulsarían la democracia interna en los partidos y que la ciudadanía percibiría de forma muy favorable serían la existencia de listas abiertas, tal y como ocurre para el Senado, en las candidaturas para el Congreso, las elecciones autonómicas y las municipales, así como también la limitación de mandatos y el control de la acumulación de cargos políticos e institucionales en una misma persona.
La democracia del siglo XXI ya no admite “democracias orgánicas” como las de otros tiempos, el ciudadano quiere elegir, y además quiere que si elige se le respete su voto, de lo contrario lo que se realiza es una perversión democrática que sólo sirve para que los “aparatos” controlen las voluntades de sus afiliados. Las actitudes autoritarias y excluyentes, que no respetan la pluralidad y el debate interno, deben de ser arrumbadas definitivamente ante la necesidad de seguir avanzando hacia mayores cotas de democracia interna en los partidos políticos.
Las revoluciones democráticas que estamos viviendo van en esa misma dirección, van hacia que los ciudadanos elijan a quien les gobierne. ¿Nosotros, tenemos legitimidad moral para dar ejemplo de democracia, teniendo mecanismos que desvirtúan la democracia interna en los partidos políticos?
Pero aun hay más, la sociedad de este siglo es una sociedad que tiene la posibilidad de formarse y de informarse, es una sociedad que está, democráticamente hablando, más preparada que algunos estatutos o normas internas de los partidos políticos.
La sociedad actual entiende que cuando se gana una votación, el acuerdo se debe respetar. La sociedad española no quiere que los partidos políticos sean monolitos de un “Comité Central” al que todos deben obedecer con fidelidad y está dispuesta a defender las decisiones en las que ha participado, no en las impuestas por pensadores “clarividentes” e “iluminados”. Frente a esto, la ciudadanía española utiliza las herramientas que la sociedad del conocimiento le pone a su alcance para participar, opinar y quiere además decidir: estamos preparados, queremos decidir, y queremos crecer en democracia, en la democracia que tanto tiempo no hemos disfrutado y que ahora no puede ser ahogada por inmovilistas políticos, ni tampoco por acciones arbitrarias impuestas “desde arriba” por los aparatos de los partidos.
Las alusiones a la participación democrática no sólo deben enarbolarse cuando conviene, sino que debe de ser una realidad plena, que se practica día a día, ya que sólo de esa forma se pueden tomar las decisiones que verdaderamente necesitan la sociedad y los ciudadanos. Sólo así, los partidos políticos serán vistos por la ciudadanía como una herramienta útil, cercana y necesaria para mejorar en sentido positivo la sociedad que nos ha tocado vivir.
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